Décimo Reporte (21 de septiembre de 2019)

Reporte y observaciones sobre la reunión entre representantes de comunidades mayas de Hopelchén y Cibiogem en el marco de la consulta sobre siembra de soya genéticamente modificada, Centro Cultural Los Chenes, 21 de septiembre de 2019

 

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

 

El sábado 21 de septiembre de 2019 se llevó a cabo una reunión entre representantes de comunidades mayas de Hopelchén con servidores públicos de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) con el propósito de reiniciar el proceso de consulta sobre siembra de soya genéticamente modificada que fue mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y recomendado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Como ha documentado esta Misión de Observación, el proceso de consulta inició en abril de 2016 y fue interrumpido en agosto de 2018 debido a que los representantes de las comunidades consideraban que la anterior administración federal estaba violando de manera reiterada su derecho a ser consultados de manera previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Así, los representantes de las comunidades acordaron esperar el cambio en el gobierno federal para continuar con el proceso de consulta.1

A la reunión asistieron alrededor de cuarenta representantes de las comunidades mayas de Hopelchén;2 Emmanuel González Ortega, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem; Polette Rivero Villarde, Subdirectora de Políticas y Normatividad Internacional de la Cibiogem de Conacyt; Rosenda Cruz Vixtha, directora de Procesos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); Carlos Tamayo, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). También asistieron dos abogados asesores de las comunidades. No hubo traductor-intérprete.

Descripción de los hechos

La sesión inició a las 10:30. Emmanuel González dio la bienvenida. Representantes de las comunidades expresaron que están muy contentos con la presencia de los servidores públicos de Cibiogem; también afirmaron que están presentes para la “defensa de sus derechos, de su voz”, y que desean que el proceso de consulta se realice de acuerdo con la decisión de los pueblos.

González mencionó que en la Cibiogem saben que la situación de Hopelchén es “muy crítica”, incluyendo el problema del uso de plaguicidas. Señaló que “la consulta es una herramienta de la que se puede sacar mucho provecho”, pero “la realidad es que no es

vinculante”. Por lo tanto, están viendo qué pueden hacer desde la Cibiogem. Particularmente, propuso que la Cibiogem puede realizar estudios sobre el impacto de la soya transgénica en la región. Asimismo, comentó que, como propuesta de orden del día, plantean dos temas abiertos: 1) la consulta y 2) los alcances del proceso de consulta.

Los representantes de las comunidades respondieron que tienen una propuesta del orden del día, que incluye el protocolo de consulta y los acuerdos que se han alcanzado hasta el momento.

Rosenda Cruz, abogada de Conacyt, intervino para recordar que la SCJN ordenó la consulta a las comunidades de Campeche, que el juez (Segundo de Distrito en Campeche) ya está pidiendo elementos de la consulta; que sabe que existe la preocupación de si la consulta es vinculante o no y que una exigencia de los representantes de las comunidades es la reparación de daños. Expresó que no pueden “conducirse con mentiras” y engañarlos, y explicó que no tienen suficiente presupuesto, que no les pueden “hacer perder el tiempo” (a los representantes de las comunidades) y afirmó que “la consulta no es vinculante”; que si las comunidades dicen que no quieren la siembra de soya transgénica, no queda en ellos (Cibiogem/Conacyt) la disposición de que eso se cumpla. Añadió que en la demanda de amparo no se solicitó la reparación de daños, por lo que ese tema no está en la consulta. Finalmente, mencionó que la Cibiogem puede apoyar en la parte de la información, hacer investigaciones de manera conjunta.

Por su parte, Polette Rivero comentó que “hay que aprovechar el cambio de gobierno” y “llegar a acuerdos”. “Cambió el gobierno y las condiciones institucionales”, aseveró, aunque también mencionó que hay problemas de presupuesto y que tienen los recursos muy limitados. Añadió que no se ha aprovechado lo que hace la Cibiogem, a saber, proporcionar información sobre los efectos de los transgénicos.

González señaló que antes de la liberación de cualquier tecnología se deben de hacer análisis de posibles riesgos; afirmó que la tecnología debe liberar a las personas, no crear más dependencia. En este sentido, indicó que los OGM no aumentan los rendimientos ni logran que se utilicen menos químicos y que, por el contrario, sí generan más dependencia. Manifestó que el nuevo Secretario de Medio Ambiente (Víctor Manuel Toledo) es una persona muy consciente, que son cercanos y que coinciden en estos temas. Mencionó que si la consulta no es vinculante, se deben buscar otros mecanismos (para evitar la siembra de soya transgénica), y que es consciente de los daños a las abejas, de la contaminación del agua y de la siembra ilegal de soya transgénica. González insistió en que se hagan estudios para que las comunidades decidan, que los estudios deben ser pasos previos a la consulta, para que ésta sea provechosa, “no que sea un trámite más, como en la administración anterior”.

Una representante de la comunidad de Ich Ek cuestionó el razonamiento de los servidores públicos de Cibiogem/Conacyt con respecto a que, si la consulta no es vinculante, entonces no va a servir. Ella afirmó que para los representantes de las comunidades la consulta es importante y que creen que en esta administración se van a lograr cosas. Sobre los estudios, preguntó cuáles se harían, cuántos, en cuánto tiempo y para quiénes. Enfatizó que todos en las comunidades saben qué les están afectando, que los plaguicidas los sienten en la lengua; que hay enfermedades en las comunidades y que ya se murieron tres personas de cáncer. Por lo tanto, la información ya la tienen, lo que exigen es pasar a las acciones. Por ejemplo, solicitó que el Secretario de Semarnat asista a Hopelchén.

Sobre la reparación de daños, la representante Ich Ek aclaró que no están pidiendo dinero, sino que quieren reglamentos, normas que frenen las cosas que están pasando, por ejemplo, normas que prohíban el uso de avionetas para fumigaciones. “Queremos acciones, no que nos vuelvan a informar”, subrayó.

Uno de los asesores jurídicos de las comunidades tomó la palabra y celebró el cambio de lenguaje y tónica de los actuales servidores públicos. Hizo algunas anotaciones sobre la parte legal. Sobre el carácter vinculante, señaló que la sentencia de la SCJN es vinculante y que se tiene que cumplir, se tiene que consultar a las comunidades. “La consulta tiene un fin, que se escuche su voz (de las comunidades)”. Preguntó a los servidores públicos qué hacer para cumplir la sentencia y para que la consulta no se prolongue más. Reconoció que, independientemente de si la consulta es vinculante o no, todos están en el mismo canal sobre lo nocivo que son los transgénicos.

La abogada de Conacyt realizó algunas acotaciones sobre lo que expuso la representante de Ich Ek. La primera es que nunca les pidieron que los representantes de las comunidades renunciaran a la consulta; que ella quisiera que cuando una comunidad dice que no pase un megaproyecto, se cumpla, pero que eso no pasa. Mencionó que tienen que cumplir la sentencia y diseñar un mecanismo distinto a la administración pasada. Que vieron videos de consultas realizadas por la administración pasada en las que en una sola sesión tenían lugar todas las fases de consulta o en las que los servidores públicos promocionaban los transgénicos. Sobre la parte informativa, expresó que sabe que ellos, de las comunidades, son los que saben, “pero la parte informativa es parte de la consulta”.

Sobre la reparación del daño, la abogada aclaró que es justo lo que las comunidades quieren trabajar, diseñar normatividad. También mencionó que es importante que las comunidades hagan la invitación a la Semarnat.

Un representante de la comunidad de Xtampak expresó que le da gusto escuchar estas propuestas, que son muy positivas en contraste con la administración pasada. Sobre la afirmación de que la consulta no es vinculante, mencionó que equivale a decir que al gobierno “le vale madre”; “no es vinculante” es igual a un “les vale”, pues se sigue sembrando soya y al Estado “le vale”. “Nuestra palabra no vale, no es vinculante”, denunció.  “Ya basta que el gobierno deshaga, que actúe en beneficio de un puñado de personas ricas, en perjuicio de los pueblos”.

El representante de Xtampak les recordó a los servidores públicos que no son las comunidades las que organizan la consulta, sino que los servidores tienen la responsabilidad de invitar a todas las partes involucradas, en referencia a la invitación a la Semarnat. Señaló que cree que el presidente de México está interesado en defender los derechos indígenas, que no se deforeste. Explicó que las fumigaciones aéreas no solo afectan a las comunidades, que se usan agrotóxicos muy fuertes, que la papaya cada tres días se está fumigando y que esos alimentos “llegan a la mesa de ustedes”. “Nos están envenenando”, expresó. “Nos estamos autodestruyendo”.

Rivero, de Cibiogem, indicó que “estamos trabajando ahora con un enfoque de derechos humanos” y que están haciendo una evaluación de cómo se ha trabajado el derecho a la consulta; que están sistematizando en qué lugares se ha hecho consulta. Mencionó que las empresas tienen derechos por su inversión, pero por encima están los derechos humanos. Ahora la Cibiogem pregunta en las solicitudes de liberación de OGM si hay comunidades indígenas y si hay afectaciones al medio ambiente y a la salud.

Un representante de la comunidad Crucero San Luis expresó que lo que necesitan es ver acciones, que ya están “fastidiados de que les hablen bonito”. Mencionó que ya no confiaban en las autoridades, que se hacen fumigaciones sobre escuelas y aguadas; que las cosas siguen igual, las avionetas siguen pasando, se abren pozos de absorción. “Los mayas quieren acciones”.

El representante señaló que si alguien deforesta dos mil hectáreas no pasa nada, pero que si un maya tumba cinco hectáreas lo meten a la cárcel. Exigió “que sea una consulta verdadera”, que “no me importa venir y pagar mi pasaje, pero que sea real (la consulta)”. “Nosotros los mayas seguimos siendo pisoteados”, reclamó. “Los pueblos indígenas no sembramos soya, no tenemos la maquinaria. Sembramos maíz, sandía, tomate, chile, que el nuevo gobierno nos apoye con la siembra de maíz”.

La representante de Ich Ek añadió que “Lo que está en el Protocolo es el sentir de las comunidades”.

El asesor jurídico de las comunidades señaló que los representantes de las comunidades desean cerrar ya el proceso de consulta para pasar a otras acciones, pero que la consulta tiene que hacerse bien y que, en este momento, desean conocer la opinión de las autoridades sobre el protocolo. Asimismo, indicó al personal actual del INPI que la desconfianza de los representantes de las comunidades hacia la propuesta de que la consulta se realice comunidad por comunidad proviene de malas experiencias que tuvieron de la administración pasada de la Cibiogem y la CDI, pues consideraban que las autoridades iban de comunidad en comunidad intentando dividirlas; por esa razón prefieren ser consultadas todas juntas.

González insistió en la realización de estudios. Comentó que aprecia la presencia de asesores jurídicos, pero que algo muy importante es que estudien la sentencia (de la SCJN). Recordó que el permiso no depende de la Cibiogem. Aclaró que el tema de las fumigaciones no les toca a ellos.

La representante de Ich Ek explicó que ellos sabían desde el principio que la consulta no era vinculante y que tienen muy buenos asesores y abogados. “Sí sabíamos (que la consulta no es vinculante), pero lo veíamos (la consulta) como una posibilidad para poner los problemas sobre la mesa”. Cuestionó qué papel juega el INPI ahora, pues en esta reunión solo ha escuchado a Cibiogem. Preguntó si el INPI tiene dinero o no para la consulta, ya que para la consulta sobre la reforma al artículo 2 el INPI trajo comida y mucha gente.

El representante del INPI respondió que el nuevo gobierno ha dado instrucciones de diálogo y reconciliación, así como una atención pronta y expedita. Que el INPI es órgano técnico de esta consulta. Mencionó que el Lic. Hugo Aguilar, coordinador de derechos de pueblos indígenas, no pudo venir, pues está en una consulta en Puebla. Que los de la Cibiogem de ahora son “gente de lucha” y comentó que la Cibiogem se reunirá con el Lic. Aguilar para revisar la información.

Los representantes de las comunidades pidieron revisar la propuesta de protocolo.

Rivero respondió que ya dieron una respuesta al juzgado punto por punto sobre el protocolo. Entregó una copia de la respuesta al asesor jurídico de las comunidades.

En ese momento, los representantes de las comunidades y su asesor jurídico se reunieron para leer la respuesta de la Cibiogem.

Después de revisar la respuesta, la representante de Ich Ek hizo cuatro observaciones. La primera es que debieron haber recibido esa respuesta con mayor anticipación. La segunda es que están en desacuerdo en que la Cibiogem solo consulte a las comunidades de los quejosos, la consulta se debe hacer con las 34 comunidades que empezaron, se deben respetar los acuerdos y la Recomendación de la CNDH. La tercera es sobre los gastos: la Cibiogem respondió en el documento que no pueden cubrir los gastos de transporte y alimentación; la representante de Ich Ek manifestó que esos gastos ya están en actas de acuerdos. Finalmente, sobre la observación de la Cibiogem de que solo haya traductor cuando las personas no hablen español, la representante explicó que aunque hablen español, les cuesta comprender conceptos. Agregó que tienen otros comentarios que les harán llegar por escrito.

El asesor jurídico de las comunidades tomó la palabra y celebró que estén en la misma línea en varios puntos importantes. Reiteró que la consulta debe ser a las 34 comunidades porque la Recomendación de la CNDH así lo señala; porque, al haber iniciado las 34, ya cuentan con derechos adquiridos; y porque las afectaciones son a todas las comunidades de los Chenes, no solo a las de los quejosos. Argumentó que la sentencia de la SCJN no les dio derechos a las comunidades, sino que señaló las violaciones cometidas por el Estado, ya que es su obligación realizar la consulta.

La representante de Ich Ek recordó que la administración pasada entraba a las comunidades a confrontar, a dividir. “El pueblo maya es un solo pueblo”, “un solo territorio”, “nos duele” lo que le pasa a otra comunidad.

La abogada de Conacyt respondió que por ahora urge cumplir la sentencia. Sobre los gastos, mencionó que no traen vehículos, que ellos están pagando su propio transporte. Así que, lamentablemente, por ahora no pueden cubrir esos gastos, debido a la austeridad y los recortes. Sobre el traductor, comentó que el INPI puede ayudar al respecto.

El asesor jurídico de las comunidades comentó que dejar de cubrir los gastos de transporte y alimentación es como que les cobren a las comunidades por acceder a la justicia. Mencionó que las comunidades tuvieron un mal año por afectaciones a la apicultura, que el transporte y la alimentación es un gasto que no puede hacer. Afirmó que la sentencia de la SCJN no es de realizar una autoconsulta, sino que le dice al Estado que consulte.

La abogada de Conacyt reiteró que no van a mentir, “no contamos con el recurso”, pero que lo que sí pueden hacer es ir a las comunidades.

El representante de Xtampak expresó que están en un problema muy serio. Que lo que al inicio veían con esperanza se está desvaneciendo. Comentó que si manda a su hijo al campo lo manda con su pozol y machete. Cuestionó a los servidores públicos: ¿cómo les van a encargar una consulta y no les dan recurso?, ¿por qué no les dan recursos, porque van a ver a unos campesinos que no valen nada? ¿Por qué quieren ir de comunidad en comunidad?, “¿quieren dividirnos? No lo van a lograr. Somos un pueblo maya. Los mayas sentimos el mismo dolor que el resto de mis hermanos”. Les pidió a los servidores de Cibiogem que hagan bien su trabajo, que pidan las herramientas necesarias. “Mírenos como personas con derechos, también pensamos, también tenemos dignidad (…) La cuarta transformación tenemos que hacerla todos”. “Si se rompe este acuerdo [el de los gastos] al rato se rompen otros. Ahora ya me duele la cabeza porque tengo hambre”.

Otro representante subrayó que la consulta se haga a las 34 comunidades. “Que no vengan tres personas a dividirnos. Vamos a seguir adelante”. Recibió aplausos de sus compañeros.

Un representante de comunidad más reiteró que si mandas a una persona a tumbar para trabajar maíz, lo mandas con herramientas, y les increpó ¿cómo los mandan sin herramientas ni recursos? “Nos han dicho que somos manipulados por ambientalistas, pero yo estoy aquí por convicción”.

Rivero, de Cibiogem, respondió que “veamos esto como un diálogo, lo que necesitamos es tiempo. Venimos llegando”.

González comentó que es un nuevo gobierno, con nuevas condiciones. Pidió que no los comparen con los de la administración anterior, “no somos los mismos, no pensamos igual”. Comentó que “fueron engañados en el tema del permiso de la soya”. Insistió en informar sobre posibles daños y pidió no romper aquí el diálogo.

Una representante de Cancabchén comentó que la deforestación ha afectado la apicultura, su sustento. “Están asesinando a nuestras abejas”. Cuestionó la “semilla mejorada”, dijo que la mejor es “nuestra semilla criolla”: dura años, no necesita químicos.

Alrededor de las 14:20 horas, varios representantes comenzaron a retirarse del salón.

El representante de Xtampak les expresó a los servidores de Cibiogem que confían en ellos para que hagan bien las cosas. “Si no una comida, una torta; si no, un vaso de pozol”.

Al terminar la reunión, González les dijo a algunos representantes de las comunidades que la administración pasada les daba comida para mantenerlos engañados, como circo.

 

Observaciones y recomendaciones

Los representantes de las comunidades han manifestado la voluntad de continuar el proceso de consulta para ejercer sus derechos, dialogar con las autoridades y encontrar soluciones a los problemas que están sufriendo, como la siembra ilegal de soya transgénica, la deforestación, las fumigaciones aéreas, entre otros.

Los servidores públicos de la nueva administración federal comparten una posición crítica con respecto a la siembra de soya transgénica en Campeche y han demostrado una mayor apertura al diálogo con los representantes de las comunidades. Sin embargo, nos preocupa el desconocimiento e incumplimiento de acuerdos entre las comunidades y el Estado logrados en los dos años previos durante el proceso de consulta. Particularmente:

1)    El acuerdo de consultar a las 34 comunidades juntas. De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Estado está obligado a consultar de manera previa a las comunidades y pueblos indígenas sobre las medidas que puedan afectarles. La consulta a las comunidades mayas de los Chenes es una obligación del Estado independientemente de la existencia o no de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de la legislación en materia de bioseguridad. La sentencia de la SCJN no es la única fuente de obligación del Estado de consultar a las comunidades mayas sobre la siembra de soya transgénica. Como lo ha subrayado la actual Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, además del Convenio 169, otras fuentes de obligación de consultar previamente a las comunidades y pueblos indígenas son la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros instrumentos.3 En tanto que la siembra de soya transgénica puede afectar a todas las comunidades de Hopelchén, el Estado debe consultar a todas las comunidades. De este modo, también se daría cumplimiento a la Recomendación de la CNDH.

2) El acuerdo de que el Estado cubre los gastos de transporte y alimentación de los representantes de las comunidades. De acuerdo con el Artículo 6 del Convenio 169, “los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados”; “establecer los medios a través de los cuales los pueblos puedan participar libremente” y “las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias”. Sin las condiciones de transporte y alimentación los representantes de las comunidades no pueden participar libremente en el proceso de consulta. Durante más de dos años, algunos de los procedimientos apropiados en el proceso de la consulta han sido la realización de las sesiones de consulta en la cabecera municipal de Hopelchén, lo que facilita la participación de representantes de casi todas las comunidades del municipio, el proveer alimentación por parte del Estado para que las sesiones puedan realizarse en el tiempo preciso (generalmente, entre seis y ocho horas). Del mismo modo, como señaló S. James Anaya en su calidad de Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, en los procesos de consulta, “los Estados deben tratar debidamente de superar el desequilibrio de poder, garantizando a los pueblos indígenas la asistencia financiera, técnica y de otro tipo que necesiten y haciéndolo sin utilizar dicha asistencia como palanca o para influir en las posiciones de los indígenas en las consultas”.4

Por otra parte, nos preocupa que las autoridades responsables de la consulta expresen que los representantes de las comunidades han sido engañados por servidores de la administración federal pasada y por sus asesores jurídicos. Las autoridades deben respetar el principio de buena fe de la consulta y generar un ambiente de confianza entre las partes.

Sobre el carácter vinculante de la consulta. Las autoridades reconocen que la consulta no es vinculante y que, en este sentido, las comunidades no serán las que decidan en última instancia sobre el permiso de siembra comercial de soya transgénica. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictaminado que “cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un mayor impacto dentro [de un territorio indígena] el Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los pueblos indígenas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones”.5 Asimismo, de acuerdo con el Relator Especial de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, “siempre que los derechos afectados sean esenciales para la supervivencia de los grupos indígenas como pueblos distintos y los efectos previstos en el ejercicio de los derechos sean importantes, será necesario el consentimiento de los indígenas ante dichos efectos, el cual deberá ir más allá de limitarse a ser un objetivo de las consultas”.6 Desde estas consideraciones, estimamos que en este proceso de consulta es fundamental que la decisión sobre la siembra de soya transgénica en Hopelchén y Tenabo sea producto del consentimiento de las comunidades mayas afectadas.

El derecho a la consulta forma parte del derecho fundamental de los pueblos indígenas a la libre determinación. Asimismo, hay que recordar que, como ha argumentado S. James Anaya, el derecho a la consulta previa, libre e informada forma parte del derecho fundamental de los pueblos indígenas a la libre determinación.7 De acuerdo con el Artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Asimismo, el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural”. De esta forma, las comunidades tienen derecho a decidir su forma de organización social para participar en el proceso de consulta y ejercer así sus derechos a la consulta y a la libre determinación.

A partir de las consideraciones anteriores, recomendamos a las autoridades responsables de la consulta respetar los acuerdos que las comunidades y el Estado han alcanzado en el proceso de consulta; respetar el principio de buena fe, generando un ambiente de confianza entre las partes; y realizar las gestiones necesarias para poder llevar a cabo el proceso de consulta mediante procedimientos adecuados, garantizando los medios a través de los cuales las comunidades puedan participar libremente en el proceso de consulta. Fundamentalmente, las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las comunidades mayas reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. Esto incluye el derecho de las comunidades mayas a la libre determinación.

Los representantes de las comunidades mayas de Hopelchén consultadas han mostrado expectativas positivas con respecto al nuevo gobierno federal y el proyecto de una cuarta transformación que respete plenamente sus derechos humanos. Esta es una oportunidad muy valiosa para la construcción de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas basada en el reconocimiento, el respeto y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y sustento de la Nación mexicana.

12 de octubre de 2019

 


1 Ver reportes de la Misión de observación disponibles en la página: <https://consultaindigenamaya.org/reportes/>.

2 Chun-ek, Komchen, Crucero San Luis, Ich-Ek, Xmaben, San Juan Bautista Sahcabchen, Suc-tuk, Xcupilcacab, X-mejia, Pac-chen, Santa Rosa Xtampak, Cancabchen, el Poste y Chan-chen.

3 Comentario de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en relación con el Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afrohondureños (Honduras), 22 de diciembre de 2016.

4 Anaya, S. James, Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, A/HRC/12/34, 15 de julio de 2009, párr. 51.

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, sentencia del 28 de noviembre de 2007, párr. 134.

6 Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, (6 de julio de 2012), A/HRC/21/47.

7 Anaya, James (2005). Los pueblos indígenas en el derecho internacional. Madrid: Trotta.

 

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