Tercer Reporte (30 de junio y 1 de julio) [13 de julio de 2016]

Reporte de  “Acuerdos Previos” en los municipios de Hopelchén y Tenabo (30 de junio y 1 de julio) [13 de julio de 2016]

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

sobre la siembra de soya genéticamente modificada

I. Antecedentes y breve descripción de los hechos

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 499/15) y la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 23/2015) mandataron a diversas dependencias del Estado Mexicano1 la realización de la consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada promovida por la empresa Monsanto. En este marco, la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada (de ahora en adelante: “Misión de Observación” o “Misión”), conformada a petición de comunidades mayas a ser consultadas, tiene el objetivo de velar y coadyuvar a que el proceso se realice con pleno apego a los estándares internacionales sobre consulta previa y derechos de los pueblos indígenas, según lo establecen el fallo de la SCJN y la Recomendación de la CNDH.

Después de dar a conocer dos reportes en los que se documentan un conjunto de incumplimientos a los principios de la consulta, hoy presentamos un tercer reporte sobre las sesiones de “Acuerdos Previos” realizadas en los municipios de Hopelchén y Tenabo, en el estado de Campeche.

Las sesiones tuvieron lugar en el Centro Cultural “Los Chenes”, en Hopelchén, el 30 de junio, y en las instalaciones del Auditorio Municipal “Jorge Carlos Hurtado Valdez”, en Tenabo, el 1 de julio de 2016. El objetivo de las sesiones fue, de acuerdo con las autoridades responsables del proceso de consulta, definir con los representantes de las comunidades indígenas cómo se va a hacer la consulta indígena en ambos municipios. Según lo observado por la Misión de Observación, el objetivo de las autoridades fue la entrega de la propuesta de “Programa de Trabajo”, antes llamado “Protocolo Específico de Consulta”, a las comunidades.

La sesión en Hopelchén estaba programada para iniciar a las 11:00 horas. Sin embargo, desde dos horas antes estaban presentes en la sede de la reunión alrededor de 100 menonitas, sin que nunca se hubiera comunicado de su presencia a las comunidades mayas por parte de las autoridades responsables de la consulta, así como otros productores mayas e inmigrantes de otros estados, de los municipios de Hopelchén y Campeche que están a favor de la siembra de soya genéticamente modificada (GM). Estos llenaron el auditorio, dejando sin espacio a los representantes de las comunidades que llegaron a la hora citada. Ante esta situación, los representantes de 29 comunidades mayas de Hopelchén, conglomerados afuera del auditorio y bajo el sol, expresaron a las autoridades responsables del proceso de consulta que no había las condiciones adecuadas para llevar a cabo la sesión, que no estaba garantizada su seguridad y que no entrarían a la sede para evitar conflictos, por lo que solicitaron que se les entregara el Programa de Trabajo para después retirarse.

Las autoridades responsables decidieron resolver la situación anterior realizando dos reuniones paralelas dividiendo la sesión en dos sedes: el auditorio y una teleaula del Centro Cultural. Al inicio de las reuniones, en la primera sede estuvieron representantes de 4 comunidades, aunque al final sólo se mantuvieron presentes dos, Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh, con las cuales se llegó a acuerdos.

Por su parte, en la segunda sede había al inicio representantes de 29 comunidades, cifra que subió a 31 al final de la reunión. Las reuniones se desarrollaron en ambientes y dinámicas diametralmente opuestos, de tal modo que en cada una se llegó a muy diferentes acuerdos.

Las autoridades responsables se distribuyeron de la siguiente forma: en el auditorio estuvieron presentes Marco Antonio Ramírez, Subdirector de Política y Normatividad Internacional de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM); Brenda Ordaz, Subdirectora de Política y Normatividad Nacional de la CIBIOGEM; David Mendoza, Jefe de Departamento de la Dirección de Participación y Consulta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Cruz Alberto Uc Hernández, Delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Campeche; José España, Presidente Municipal de Hopelchén; y Carlos Pimentel, Visitador Adjunto adscrito a la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En la teleaula estuvieron presentes Sol Ortiz García, Secretaria Ejecutiva de la CIBIOGEM y Pedro Armentía, Delegado Federal de la CDI en Campeche (aunque este último iba y venía de una reunión a otra, permaneció más tiempo en la segunda).

En la primera sede el ambiente fue tenso; los representantes de Vicente Guerrero Iturbide hacían constantes descalificaciones a las comunidades presentes en la otra sede y cuestionaban la legitimidad de la reunión paralela. Con sus declaraciones sobre los quejosos, como el hecho de responsabilizar a unas pocas personas por la suspensión de la siembra de soya GM, el delegado de la SAGARPA también contribuía al ambiente de tensión, conflicto y desinformación. Un representante de Vicente Guerrero Iturbide declaró que en su comunidad siembran soya GM. La principal exigencia de los representantes de dicha comunidad era que las autoridades responsables firmaran un acta en el que autorizan la siembra de soya GM. Las autoridades expusieron la propuesta del Programa de Trabajo, la cual fue aprobada por los representantes de las dos comunidades presentes. Se acordó que la fase “Informativa” iniciaría el 9 de julio en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide, y el 10 de julio en la comunidad de Chencoh. En esta reunión intervinieron asistentes que no son representantes ni originarios de las comunidades consultadas, como un agricultor de un ejido de Campeche, quien tomó la voz en diversas ocasiones. Asimismo, los representantes de Vicente Guerrero Iturbide acordaron tener una reunión con el delegado de SAGARPA en la ciudad de Campeche al día siguiente. Cabe señalar que en el acta circunstanciada de esta reunión no se hacer referencia a la presencia de menonitas y personas de comunidades de Campeche y se decidió suprimir la comparecencia en la misma de la Dra. Ortiz y su referencia a la presencia en la otra sala de 29 comunidades representadas en ese momento.

Por otra parte, en la segunda sede los representantes cuestionaron la capacidad de las autoridades para garantizar las condiciones adecuadas, de seguridad y orden para llevar a buen término la sesión. Expresaron que sólo aceptarían la entrega de la propuesta de Programa de Trabajo, que no lo aceptarían ahora, sino que la llevarían a las comunidades. También pidieron que se elaborase un video en el que se explicara en lengua maya el contenido de la propuesta de Programa de Trabajo. Ante las declaraciones del representante de Vicente Guerrero Iturbide de que en su comunidad están sembrando soya GM, exigieron al SENASICA y la SAGARPA que se garantice que no se va a sembrar dicho cultivo mientras se realice la consulta. En el acta quedó asentado el compromiso de SENASICA y de CIBIOGEM de investigar al respecto de la siembra de soya GM en la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide. Se acordó que la próxima sesión de Acuerdos Previos sería el 15 de octubre.

En ambas sedes había inquietudes de lo que sucedía en la otra reunión y se cuestionaba la legitimidad de la otra sesión.

En particular queremos resaltar la situación de una de las comunidades de Hopelchén: Vicente Guerrero Iturbide, la cual tiene una situación de representación diferente a la de otras comunidades. Un sector de la comunidad fue el que asistió a la reunión del 30 de junio a Hopelchén. Otro sector de la comunidad son los ejidatarios, mismos que si bien no asistieron a la reunión de la consulta del 30, sostuvieron una asamblea ejidal el 5 de julio en su comunidad. El comisario ejidal declaró el 5 de julio a los medios de comunicación que habían resuelto en asamblea que como ejido no estaban de acuerdo con la siembra de soya GM y que dentro de su ejido no se sembraría.2 Esta es la primera comunidad en toda la zona de consulta que enfrenta una división interna muy marcada, en la que ambos grupos hacen declaraciones antagónicas. Esta Misión de Observación expresa una gran preocupación por el potencial conflicto que pueda darse en esta comunidad en caso de que el proceso de consulta continúe al ritmo rápido que una de las dos partes ha acordado llevar con las autoridades. Conflicto que puede ser interno, pero también, como ya se vio el 30 de junio, con el resto de las comunidades de ese municipio. Más adelante expondremos lo que observamos sobre el papel de las autoridades frente a esta situación de conflicto.

En la reunión de Tenabo estuvieron presentes representantes de las comunidades de Emiliano Zapata, Tenabo, Xkuncheil, Kankí y Tinum. El Lic. Orvelín Montiel, asesor de las comunidades, leyó una carta de éstas en la que se expresa que, ante los sucesos del día anterior en Hopelchén y de la reunión celebrada entre productores de soya de Vicente Guerrero Iturbide y de cuatro campos menonitas y la SAGARPA ese mismo día en la delegación de dicha instancia en Campeche, los representantes de las comunidades sólo recibirían el Programa de Trabajo, se lo llevarían a sus comunidades para analizarlo y continuarían el proceso de consulta hasta el 15 de octubre. Otra de las asesoras de las comunidades indígenas señaló que la decisión de las comunidades se basa en que consideran que no se está cumpliendo el principio de buena fe ni la neutralidad del proceso de consulta por parte de las autoridades responsables.

II. Violaciones a los principios del derecho a la consulta
1. Ausencia de “Buena fe” y consulta libre

La Misión de Observación documentó que en la segunda sesión de la fase de “Acuerdos Previos” no se cumplió con el principio de “Buena fe”. De acuerdo con la SCJN, “la consulta de buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de sus agentes —o particulares que actúen con su autorización o aquiescencia. Asimismo, deben llevarse a cabo fuera de un ambiente hostil que obligue a las comunidades o pueblos indígenas a tomar una decisión viciada o precipitada, por lo que el proceso requiere el establecimiento de un clima de confianza mutua entre las partes”. Este principio no se cumplió por varias razones.

1.1. En primer lugar, por la alta presencia de personas externas a las comunidades en la sesión de Hopelchén. La sede de la reunión del 30 de junio celebrada en dicho municipio estaba básicamente ocupada por menonitas (alrededor de 100; ver imágenes 1 y 2), muchos de ellos provenientes de campos que no se encuentran localizados en el municipio de Hopelchén. Esta situación fue completamente permitida por las autoridades responsables de la consulta, por varias horas, a pesar de que representantes de las comunidades indígenas a ser consultadas manifestaron que, por la alta presencia de menonitas, no había las condiciones necesarias para llevar a buen término la sesión.

Además de los menonitas, también estuvieron presentes asistentes de comunidades mayas y mestizas de otros municipios, como Carlos Cano Cruz de Campeche, que estuvieron interviniendo constantemente en la sesión de Hopelchén con el fin de generar división entre las comunidades.

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Imagen 1. Fotografía tomada por integrantes de la Misión de Observación.

 

Imagen 2. Fotografía tomada por integrantes de la Misión de Observación.

Imagen 2. Fotografía tomada por integrantes de la Misión de Observación.

1.2. Del mismo modo, los constantes insultos y descalificaciones de los representantes de la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide hacia los representantes de las otras comunidades de Hopelchén fueron completamente permitidos por las autoridades responsables de la consulta y generaron un ambiente hostil. La Misión de Observación registró insultos y descalificaciones hacia los representantes de las comunidades presentes en la otra sede como: “no siembran porque no tienen tierra”, “no saben qué quieren”, son unos “manipulados”, “vividores”, “flojos”, “caprichosos”, “pendejos” (“no me importa lo que hagan esos pendejos que están allí”).

La actitud hostil de los representantes de Vicente Guerrero Iturbide no fue sólo hacia los representantes de las demás comunidades. Las descalificaciones también estuvieron dirigidas hacia las autoridades responsables y, al menos en dos ocasiones, los representantes de dicha comunidad amenazaron a todos los asistentes con cerrar el salón y no abrirlo hasta que las autoridades firmaran un acta en el que se autorizara la siembra de soya GM. Una vez más, las autoridades responsables no hicieron nada ante estas amenazas.

La pasividad de las autoridades responsables duró varias horas, por lo que no puede ser entendida más que como complicidad, particularmente con expresiones como la del Delegado de la SAGARPA en Campeche, sobre que los responsables de la suspensión del permiso de siembra de soya GM eran sólo unas cuantas personas de 6 comunidades. Claramente la actuación de las autoridades federales y, en forma marcada, de la SAGARPA, incrementaron en lugar de aminorar el ambiente de hostilidad y potencial violencia, violando con ello el principio de “Buena Fe”. Cabe mencionar que esta actitud y declaraciones de parte de las autoridades agropecuarias no fueron aisladas, ni producto de la complejidad del ambiente de la reunión del día 30, ya que fueron reiteradas ante medios de comunicación varias veces al día siguiente, 1 de julio, en las instalaciones de la Delegación de SAGARPA en la ciudad de Campeche.

1.3. La decisión de las autoridades responsables de la consulta de llevar a cabo la sesión de Hopelchén en dos sedes distintas representa un incumplimiento del requisito de establecer un clima de confianza mutua entre las partes, ya que los representantes de las comunidades de ambas sedes expresaban constantemente sus inquietudes sobre lo que sucedía en la otra sede y cuestionaban la legitimidad de lo que se acordaba en la otra sede respectivamente.

Los hechos ocurridos en la sesión de Hopelchén, así como la reunión entre los productores de soya de Vicente Guerrero Iturbide con el delegado de la SAGARPA el 1 de julio en Campeche, contribuyeron a su vez a generar un clima de desconfianza en la sesión de Tenabo. Esta desconfianza fue expresada por los representantes de las comunidades de Tenabo en la carta leída por su asesor legal durante la reunión.

1.4. Ante las condiciones de intimidación, hostilidad y de falta de confianza mutua entre las partes, la segunda sesión de “Acuerdos Previos” no cumplió con el principio de “Buena fe”, exigido por la resolución de la SCJN y la Recomendación de la CNDH. Estos hechos también incumplen con el principio de consulta “libre”, reconocido en diversos estándares internacionales.3 Una muestra de ello es que, en la sesión en Hopelchén, el representante de la comunidad de Xmejía tuvo que expresar en voz baja a las autoridades que en su comunidad no están de acuerdo con la soya GM y, al hacerlo, abandonó de inmediato la sede en la que estaban presentes los menonitas y los representantes de Vicente Guerrero Iturbide que insultaban y descalificaban a las demás comunidades.

El principio de consulta libre, que implica que las autoridades no ejerzan ningún tipo de presión sobre las comunidades, también fue incumplido cuando las autoridades responsables del proceso de consulta insistieron en que se llevaran a cabo las sesiones de Hopelchén a pesar de que los representantes de las comunidades indígenas expresaron su opinión de que no había las condiciones necesarias para realizar las reuniones.

1.5. Un hecho que generó la atención y alerta de varios de las y los participantes en la sesión del 30 de junio en Hopelchén, fue que varios de los participantes en la primera sesión que llegaron muy temprano y ocuparon la sala de sesiones se transportaron en camionetas de las empresas distribuidoras de semillas y plaguicidas, dejando sus vehículos fuera de la reunión, como consta en diversas fotografías (ver imagen 3). Tanto en el caso de que técnicos de dichas empresas, o solo productores de soya, hayan recibido este apoyo de transporte para participar en la sesión, muestra que hay un nivel de intromisión de empresas privadas en esta Consulta. Vemos con preocupación que por estar vinculado a la hora de llegada (casi dos horas antes de la cita), por haberlo hecho en forma coordinada más de 100 personas al mismo tiempo, por ocupar el salón completo sin dejar espacio para las comunidades indígenas consultadas, por sus propias declaraciones e improperios lanzados en contra de éstas, algunos como ya se dijo ofensivos y discriminatorios, se trató de una acción concertada en la que una o más empresas privadas, sin duda ligadas a Monsanto dados los logotipos de las camionetas, participaron. Siendo Monsanto el actor privado que dio origen a la solicitud de permiso de siembra de soya GM, y siendo las empresas distribuidoras de semillas y agroquímicos de esa zona las que obviamente se beneficiarían también con la venta de insumos agrícolas, existe un innegable interés económico en el sentido positivo o negativo de la resolución de la consulta. Por lo tanto, la participación directa o indirecta de estas empresas privadas también afecta los principios de “Buena Fe” y “Consulta Libre” de esta consulta, siendo más graves aún por el hecho de que las autoridades responsables no hayan hecho ni declarado nada al respecto.

Imagen 3. Camioneta de Dekalb estacionada afuera del Centro Cultural “Los Chenes” en Hopelchén.

Imagen 3. Camioneta de Dekalb estacionada afuera del Centro Cultural “Los Chenes” en Hopelchén.

1.6. Por último, resulta grave el hecho de que las autoridades responsables del proceso de consulta no garantizaran las condiciones mínimas de seguridad para que se llevara a buen término las reuniones de la consulta. En este sentido, cabe destacar la falta de cumplimiento de la labor de Carlos Pimentel, visitador de la CNDH como garante del proceso de consulta.

2. Falta de una consulta “Culturalmente adecuada”

De acuerdo con la SCJN, la consulta debe ser “culturalmente adecuada”, esto es, que la consulta a las comunidades indígenas “debe cumplirse de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”. Los miembros de las comunidades “tienen plena libertad de elegir las formas de decisión interna, así como a las personas, grupos o instituciones que habrán de representarlos durante el proceso de la consulta”.

2.1. Sin previo aviso las autoridades responsables permitieron en la reunión de consulta la participación de un grupo numeroso de menonitas siendo que la consulta mandatada por la SCJN y la Recomendación de la CNDH es expresamente a las comunidades mayas a través de sus instancias representativas.

2.2. Las autoridades responsables de la consulta no respetaron la propuesta de representantes de la mayoría de las comunidades sobre el método de toma de decisiones en estas sesiones, ya que las primeras insistieron que no había las condiciones necesarias para realizar la reunión y esta voluntad mayoritaria no fue respetada.

2.3. Tampoco se respetó la decisión del grupo mayoritario de comunidades en cuanto a que el proceso de consulta es con todas las comunidades de Hopelchén y no separándolas.

3. Vulneración de la suspensión judicial y del carácter “Previo” de la consulta

3.1. Uno de los representantes de Vicente Guerrero Iturbide declaró que hay gente de su comunidad que ya sembró soya GM, y que quieren proteger a los que ya sembraron. Otro representante de la misma comunidad agregó que “hay muchos compañeros que ya sembraron”. Estos representantes también señalaron que tienen semillas de soya GM guardadas. Esto es una violación de la resolución de la SCJN, según la cual el permiso de siembra comercial de soya GM está suspendido hasta en tanto se realice la consulta indígena.

Además, esto afecta, una vez más, el carácter previo de la consulta también ordenado por la SCJN, ya que se estaría sembrando sin haber culminado el proceso de consulta y sin que las comunidades hayan emitido su decisión final.

Las autoridades reaccionaron a estas declaraciones ofreciendo explicaciones pero también asesoría a los productores de soya para que inicien un proceso legal que les permita sembrar soya GM, lo cual es grave siendo las mismas autoridades convocantes de la consulta. Estas declaraciones se hicieron tanto en la reunión de la consulta, en la primera sala en la que se encontraban los productores de soya, como también al día siguiente, 1 de julio, en la junta con productores de soya de Vicente Guerrero Iturbide y de campos menonitas en las oficinas de la Delegación de la SAGARPA. Esta es tal vez una de las violaciones más delicadas a los principios de la consulta, no solo el de consulta previa, ya que según pudimos observar que estas acciones lograron: a) dar alivio a los productores de soya, luego de que declararon que habían expresamente violado la ley sembrando soya GM en esta temporada; 2) dar respaldo moral para continuar haciéndolo; y 3) restar confianza de las comunidades mayas participantes en la consulta de que, si no se cumple la resolución de la SCJN de dejar sin efectos el permiso de siembra de soya GM, ¿Se cumplirá cualquier otro acuerdo al que se llegue con las autoridades de México?

Ante el anuncio de varios productores de soya de la comunidad de Vicente Guerrero Iturbide de que habían sembrado soya GM, la autoridad ejidal de dicha comunidad convocó a asamblea y al día siguiente declaró a los medios que en su comunidad se respetaría la sentencia y no se sembraría soya GM. También se deslindó de la actuación de los integrantes de su comunidad que hicieron dichas declaraciones.

4. Violación al principio de consulta “Informada”

En la sesión de Hopelchén, las autoridades presentes proporcionaron información incorrecta sobre lo que es la consulta. Durante su intervención en la sesión, el delegado de la SAGARPA se refirió todo el tiempo a la consulta como “consulta informada”, explicando que el proceso es para informar a las comunidades. Sin embargo, el carácter de “informado” es sólo uno de los estándares del derecho a la consulta, la cual no se reduce a una mera entrega de información. La sentencia de la SCJN y la recomendación de la CNDH incluyen otros estándares no mencionados por el delegado de la SAGARPA, como el carácter previo, de buena fe y culturalmente adecuado de la consulta.

Del mismo modo, el presidente municipal de Hopelchén se refirió a la consulta como una “encuesta”, cuando la consulta indígena es un proceso mucho más amplio de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Cabe destacar que la consulta están participando autoridades, como el Presidente Municipal de Hopelchén, que no son las responsables del proceso.

Dados los acuerdos tomados el día 30 de junio entre las autoridades y representantes de dos comunidades mayas, Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh, de iniciar la etapa informativa los próximos días 9 y 10 de julio respectivamente, esta Misión de Observación dará especial seguimiento a la observancia del principio de “consulta informada” por ahora en esas dos comunidades.

5. Falta de un presupuesto adecuado para la consulta 

Las autoridades responsables de la consulta cubrieron parcialmente los gastos realizados por los representantes de las comunidades en la sesión de Hopelchén. Al final de la reunión, las autoridades entregaron $750.00 en efectivo a cada comunidad (Vicente Guerrero Iturbide y Chencoh). En entrevista que integrantes de la Misión de Observación hicieron a los representantes de las dos comunidades, éstos señalaron que la cantidad no era suficiente para cubrir el gasto que habían hecho para poder asistir.

Asimismo, en la sesión de Hopelchén la comida que las autoridades responsables ofrecieron no fue suficiente para todos los asistentes. Algunos asistentes nos informaron que tampoco les ofrecieron agua para beber.

Conclusión: Los hechos acontecidos particularmente en la reunión con las comunidades de Hopelchén violan flagrantemente los principios de la consulta señalados en la sentencia de la SCJN y en la recomendación de la CNDH.

III. Recomendaciones a las autoridades responsables y garantes de la consulta

Para cumplir con el principio de buena fe y consulta libre:

1. Que garanticen las condiciones necesarias de seguridad, respeto, confianza mutua, libres de hostilidades, para que puedan llevarse a cabo las sesiones de consulta de forma libre e informada. Del mismo modo, que aseguren que todos los representantes de las comunidades consultadas puedan acceder libremente, garantizando todo el tiempo su seguridad e integridad.

2. Que cumplan con su labor en el proceso de consulta con neutralidad e imparcialidad. Particularmente, que no presionen a las comunidades para realizar sesiones cuando no hay condiciones; que no realicen declaraciones que puedan generar división entre las comunidades; que el visitador de la CNDH cumpla con su función de garante del proceso de consulta y con lo establecido por la Recomendación de la propia CNDH.

Para una consulta culturalmente adecuada: 

3. Que respeten en todo momento los usos y costumbres y la forma de tomar decisiones de las comunidades indígenas consultadas.

4. Que no permitan la participación en la consulta de otros grupos que no sean los representativos de las comunidades mayas sin previo aviso y sin su consentimiento. La obligación de consultar es al pueblo indígena maya, no a ningún tercero.

Para una consulta informada:

5. Que brinden información precisa a las comunidades mayas sobre el derecho a la consulta como un proceso de diálogo de buena fe, encaminado a buscar el consentimiento de las comunidades, y rectifiquen su declaración de considerarlo como una especie de “encuesta” o reunión de “información”.

Para cumplir con la suspensión ordenada por la SCJN: 

6. Que las autoridades responsables atiendan las declaraciones de los representantes de Vicente Guerrero Iturbide sobre la siembra de soya GM en dicha comunidad; que SENASICA realice las inspecciones y, en su caso, la destrucción de dichos sembrados; que las demás autoridades coadyuven a que esto se haga lo más pronto posible y cuidando el respeto a los derechos de todas las partes; y, finalmente, que las autoridades responsables lleven a cabo el monitoreo que sea necesario para cumplir con las medidas de bioseguridad marcadas por la ley y también cumplir con la resolución de la SCJN.

Para garantizar un presupuesto adecuado:

7. Que las autoridades responsables cubran cabalmente todos los gastos de traslados, alimentación y hospedaje de los consultados.
Todos los señalamientos y recomendaciones anteriores están basados en la observación directa, fotografías, registro en video, entrevistas con asistentes y la lectura de las actas circunstanciada de las sesiones de la consulta por parte de la Misión de Observación.

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya
sobre la siembra de soya genéticamente modificada
Contacto: misiondeobservacionpy@gmail.com

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1 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM); y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

2 “Dicen no a transgénicos”. Tribuna, 5 de julio de 2016. URL: http://tribunacampeche.com/municipios/2016/07/05/dicen-no-transgenicos

3 Como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

 

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