Reporte de observación (agosto 2017-noviembre 2017)

Mérida, Yucatán y Campeche, Campeche

Enero de 2018

 

 

Reporte de observación

(agosto 2017-noviembre 2017).

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

sobre  la siembra de soya genéticamente modificada

 

RESUMEN

 

La Misión de observación documenta cómo, después de las reuniones correspondientes a la Sexta sesión de Acuerdos previos el 27 y 28 de mayo de 2017, el proceso de consulta entró en un impasse: las autoridades responsables de la consulta desconocieron los acuerdos previos que se habían tomado con las comunidades de Hopelchén y Tenabo, particularmente desconocieron a sus representantes y el acuerdo de participar todas las comunidades juntas como una colectividad. A partir de dicha fecha, las autoridades han visitado a las comunidades con el objetivo de que la consulta continúe comunidad por comunidad; hasta la fecha, sólo han continuado con la Fase informativa en la comunidad de Bolonchén, sesión que fue acordada con las autoridades ejidales y no con las instituciones representativas de la comunidad, y en donde se brindó información parcial, en un lenguaje técnico y culturalmente inadecuado para la comunidad.

Mientras tanto, en septiembre de 2017, el SENASICA revocó el permiso de liberación al ambiente en etapa comercial de siembra de soya genéticamente modificada otorgada a Monsanto. Por otra parte, ante una queja de la empresa Monsanto, el Juez Segundo de Distrito ordenó a las autoridades consultar sólo a 6 comunidades de Hopelchén, desconociendo los derechos adquiridos del total de las 34 comunidades mayas de Hopelchén y 7 de Tenabo que habían participado hasta entonces en las sesiones de Consulta y los acuerdos previamente tomados con todas ellas de ir juntas a la misma, violando, nuevamente, los derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado y a la libre determinación del pueblo maya.

Todo ello es lamentable ya que la Consulta había abierto un espacio a las comunidades mayas de Hopelchén y Campeche para expresar sus inquietudes y demandas respecto a la conservación de sus recursos y la defensa de su territorio con la expectativa, como lo expresaron repetidas veces, de lograr acuerdos para la reparación del daños al mismo y para el bien de todos. Así mismo ha llevado a un ambiente de desconfianza, confusión e incertidumbre sobre el futuro de la consulta y del respeto de los derechos de las comunidades mayas.

I. Antecedentes

 

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 499/15) y la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 23/2015) mandataron a diversas dependencias del Estado Mexicano1 la realización de la consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada promovida por la empresa Monsanto. En este marco, la Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya sobre la siembra de soya genéticamente modificada (de ahora en adelante: “Misión de Observación” o “Misión”), conformada a petición de comunidades mayas a ser consultadas, tiene el objetivo de velar y coadyuvar a que el proceso se realice con pleno apego a los estándares internacionales sobre consulta previa y derechos de los pueblos indígenas, según lo establecen el fallo de la SCJN y la Recomendación de la CNDH.

En este reporte documentamos los eventos que han tenido lugar relacionados con la consulta después de las sesiones correspondientes a la Sexta sesión de Acuerdos previos, realizadas el 27 de mayo de 2017, en Hopelchén, y el 28 de mayo del mismo año, en Tenabo.2

Como registramos en el reporte anterior, las sesiones del 27 y 28 de mayo de 2017 marcaron un giro en el proceso de la consulta que pone en riesgo lo avanzado hasta el momento, debido a que se han incumplido los estándares internacionales del derecho a la consulta previa, libre e informada: la consulta no es previa, en tanto que persiste la siembra ilegal de la soya genéticamente modificada en el municipio de Hopelchén; no es “libre” de “buena fe” ni “culturalmente adecuada”, debido a que las autoridades han desconocido los acuerdos previamente tomados con los representantes de las comunidades consultadas e incluso han cuestionado la forma en que han sido elegidos los representantes de acuerdo a las propias formas de tomar decisiones de las comunidades; se ha incumplido el estándar de consulta libre a causa de la presencia de actores en las sesiones de consulta que realizan amenazas y agresiones a los representantes de las comunidades y a sus asesores.

Es en el contexto de este giro regresivo que el proceso de consulta ha entrado en un impasse: las autoridades han visitado a las comunidades con el objetivo de que la consulta continúe comunidad por comunidad; hasta la fecha, sólo han continuado con la Fase informativa en la comunidad de Bolonchén, sesión que fue acordada con las autoridades ejidales y no con las instituciones representativas de la comunidad, y en donde se brindó información parcial, en un lenguaje técnico y culturalmente inadecuado para la comunidad.

Mientras tanto, en septiembre de 2017, el SENASICA revocó el permiso de liberación al ambiente en etapa comercial de siembra de soya genéticamente modificada otorgada a Monsanto. Por otra parte, ante una queja de la empresa Monsanto, el Juez Segundo de Distrito ordenó a las autoridades consultar sólo a 6 comunidades de Hopelchén, desconociendo los derechos adquiridos de 34 comunidades mayas de Hopelchén y 7 de Tenabo que habían participado hasta entonces en las sesiones de Consulta y los acuerdos previamente tomados con todas ellas de ir juntas a la Consulta y violando, nuevamente, los derechos a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado y a la libre determinación del pueblo maya.

II. CONSULTA EN IMPASSE: VIOLACIONES AL DERECHO A LA CONSULTA

2.1. Iniciativa de las comunidades de retomar el proceso de consulta

Después de que las sesiones del 27 y 28 de mayo de 2017 fueron suspendidas, el 6 de agosto de 2017, los abogados asesores de las 34 comunidades de Hopelchén presentaron un escrito ante la CNDH para quejarse de la forma en la que se estaba llevando a cabo la consulta. Días después, el 23 de agosto, los representantes de las comunidades y sus asesores enviaron una carta a CIBIOGEM con la propuesta de llevar a cabo la Séptima reunión de la fase de Acuerdos previos el 9 de septiembre de ese año. CIBIOGEM respondió que no le era posible tener la reunión solicitada debido al tiempo que lleva preparar un evento de esas características y condicionó la celebración de la reunión a la acreditación de los representantes que hubieran sido electos o designados en las comunidades según sus usos y costumbres, incurriendo con ello en una contradicción. No es posible respetar la libre determinación para elegir representantes y al mismo tiempo pedir se acrediten de acuerdo a la normatividad de CIBIOGEM, cuando hacer actas no está en los usos y costumbres de todas las comunidades.

De este modo, la CIBIOGEM continúa desconociendo a los representantes de las comunidades que han participado desde el inicio del proceso de consulta en abril de 2016, a los que reconoció como interlocutores, asentando y firmando acuerdos con los mismos en las respectivas actas de cada sesión. Cabe destacar que tanto CIBIOGEM como CDI aceptaron las distintas metodologías comunitarias de nombramiento en las primeras sesiones y en ningún acta quedó asentado como acuerdo que todos deberían entregar actas de asambleas para acreditar su nombramiento.

Es importante destacar que los nombramientos o designaciones de representantes por medio de usos y costumbres no requieren necesariamente que toda la población de la comunidad participe en las reuniones y/o se junte en espacios particulares para debatir y tomar decisiones, como lo exige la CIBIOGEM.

El 31 de agosto de 2017, la Secretaria ejecutiva de la CIBIOGEM dirigió una carta al Comité de enlace de las comunidades consultadas señalando que “la Séptima sesión de fase de Acuerdos previos se llevará a cabo una vez que se cuente con la acreditación de los representantes electos o designados por sus comunidades, de acuerdo a sus usos y costumbres, para lo cual se procederá a realizar una invitación a las autoridades de las comunidades de las que no se tiene constancia para que lleven a cabo su proceso de designación, a fin de garantizar la libre y efectiva participación de la comunidad en el proceso de consulta. Para lo anterior hago una atenta invitación para que se propicien espacios de participación al interior de las comunidades en el ejercicio de su derecho de autodeterminación, a fin de que participen los diversos sectores de la comunidad en la acreditación de sus representantes”.3 Sin embargo, en los hechos, la CIBIOGEM convocó únicamente a través de los representantes ejidales a reuniones para continuar con el proceso de consulta. Esto constituyó en los hechos una forma de exclusión al resto de los sectores de las comunidades y fue una forma de indicar a las comunidades cómo, desde el punto de vista de las autoridades responsables de la consulta, se debía ejercer la libre determinación, cuando, de acuerdo con este derecho, son las propias comunidades —y no el Estado u otros agentes— las que deben decidir sus propias formas de participación.

2.2. Revocación del permiso de liberación de soya GM

El 17 de septiembre de 2017, el SENASICA revocó el permiso de liberación al ambiente en etapa comercial de soya genéticamente modificada resistente al glifosato (evento MON-0432-6) otorgado a Monsanto en 2012. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el SENASICA el 24 de noviembre de 2017, el permiso fue revocado “una vez que comprobó que se perdió el control de material genéticamente modificado permitido”. Asimismo, el comunicado señala que las muestras y análisis de laboratorio realizados por los técnicos del SENASICA constataron que la semilla fue sembrada durante el ciclo Otoño-Invierno 2016 en algunos predios de la zona en donde la SCJN ordenó la suspensión del permiso. La revocación del permiso también obedeció a la detección de soya GM en zona donde nunca existió el permiso de hacerlo y se detectó una semilla de soya GM no autorizada en México.  Asimismo, el comunicado agregó que “la resolución se toma también en congruencia con el espíritu del Gobierno Federal de mantenerse atento a la voz de las comunidades indígenas del país y resolver las diferencias con base en la ciencia y en total apego al Estado de Derecho”.4

Por otra parte, la empresa Monsanto presentó un escrito ante el Juzgado Segundo de Distrito en Campeche, planteando que le estaban violando sus derechos debido a que no se estaba haciendo la consulta, además de que CIBIOGEM y CDI habían llevado a cabo la consulta con más comunidades que las que mandata la sentencia de la SCJN. En respuesta, el 19 de septiembre, el juez Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche expuso que CIBIOGEM y CDI no deben hacer la consulta a todas las comunidades indígenas del estado, sino únicamente a las que pertenecen las personas físicas quejosas, a saber, los “municipios” (sic) de Ich Ek, San Francisco Suctuc, Bolonchén de Rejón y Xmaben. Asimismo, el juez ordenó que las autoridades responsables de la consulta realicen todas las fases de la misma en un plazo no mayor a 40 días.

Cabe observar que la SCJN ordenó a las autoridades consultar a 6 comunidades, pero no mandató que se consulte únicamente a las 6 comunidades objeto de la demanda de amparo. El cumplimiento de la sentencia a favor de las 6 comunidades de Campeche es independiente al proceso de consulta ya iniciado con todas las comunidades de los municipios de Hopelchén y Tenabo. La Constitución Federal, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye fuentes de obligaciones directas y morales para la CDI y la CIBIOGEM.

En respuesta al escrito del Juez, el 28 de septiembre, los abogados asesores de las comunidades consultadas interpusieron un recurso de queja señalando que la orden del Juez violenta la ley y el derecho a la libre determinación y la imposibilidad de realizar la consulta en 40 días. En este escrito, los asesores exigieron el derecho de las comunidades a presentarse a la consulta y participar junto con las otras comunidades.

2.3. División de las comunidades y fragmentación del proceso de consulta por parte de las autoridades: la consulta en la comunidad de Bolonchén

Tras el desconocimiento por parte de las autoridades de los representantes de las comunidades que han participado en la consulta por más de año y medio,  el 9 de julio de 2017 se realizó una asamblea ejidal en la comunidad de Bolonchén, municipio de Hopelchén, a la que acudió un representante de CIBIOGEM para explicar a los habitantes reunidos en la Comisaría Ejidal qué es la consulta y preguntarles si quieren que ésta se haga en su comunidad o si prefieren nombrar a 7 representantes.

La CIBIOGEM creó confusión entre los presentes debido a que los representantes comunitarios ya habían sido electos desde hace más de un año, por usos y costumbres, para cubrir la etapa de nombramiento de representantes de la comunidad y habían participado en las 6 sesiones de Consulta. Además en esta reunión los asistentes manifestaron que sí quieren participar en la consulta y manifestaron que no están de acuerdo con la siembra de soya GM.

Por otra parte, el 13 de octubre la CIBIOGEM envió un oficio a los representantes de las comunidades para informar sobre las acciones que realizarían para acatar con lo dictado por el juez segundo de distrito, en el que sí reconocieron al Comité de enlace que “representan a las comunidades de Hopelchén con las que se ha trabajado desde marzo de 2016 y con quienes se han tenido seis sesiones de Fase de Acuerdos Previos”. Entre el 15 y 30 de octubre, representantes de la CIBIOGEM y la CDI visitaron a las seis comunidades del municipio de Hopelchén con el objetivo de invitarlas a continuar el proceso de consulta y dar cumplimiento a lo establecido por el juez segundo de distrito

La Misión de Observación realizó un recorrido por las comunidades de Ich Ek, Suctuc, Pakchén, Xmabén, Cancabchén y Bolonchén para conocer la situación de las comunidades con respecto a la actuación de las autoridades. En nuestro recorrido, varios habitantes de las comunidades nos confirmaron que los representantes de la CIBIOGEM y la CDI habían acudido, a través de los representantes ejidales, a las comunidades para invitarlos y presionarlos a continuar en la consulta de comunidad en comunidad. La respuesta de las personas de las comunidades con las que hablamos es que sólo continuarían el proceso de consulta junto con las otras 33 comunidades.

Así, cabe destacar que, de las seis comunidades que deben ser consultadas de acuerdo con la sentencia de la SCJN,  cinco de ellas (Suctuc, Pakchén, Cancabchén, Ich Eek y Xmaben) decidieron participar junto con las otras  33 comunidades y se lo hicieron saber a las autoridades de distintas maneras.

Fue en ese contexto que, el 5 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la Fase informativa de la consulta en la comunidad de Bolonchén, la cual hemos documentado con detalle en un reporte de la Misión de Observación.5 En el reporte registramos que la sesión fue convocada por las autoridades responsables de la consulta junto con el comisario ejidal, que se realizó en la casa ejidal. Cabe resaltar que esta sesión se llevó a cabo a pesar de que la mayoría de los asistentes expresaban no querer que se sembrara soya GM, ni tener una sesión de consulta de manera separada a las otras 33 comunidades. No obstante, las autoridades responsables de la consulta insistieron en que la sesión se llevara a cabo y que sólo proporcionarían información a los asistentes, no se tomaría ninguna decisión.

Ilustración 1. Sesión de la Fase Informativa en Bolonchén. En la foto, las autoridades responsables de la consulta junto con el comisario ejidal (sentado a la izquierda) conduciendo la sesión. Foto de Robin Canul.

Como documentamos en el reporte, en la sesión de la Fase informativa en Bolonchén se violaron diversos estándares internacionales del derecho a la consulta: que la consulta debe realizarse a los pueblos interesados a través de sus “instituciones representativas”; que la consulta debe ser “informada” y “culturalmente adecuada”.

Ilustración 1. Sesión de la Fase Informativa en Bolonchén. En la foto, las autoridades responsables de la consulta junto con el comisario ejidal (sentado a la izquierda) conduciendo la sesión. Foto de Robin Canul.

A) Instituciones representativas

De acuerdo con el Convenio 169 (Artículo 6.1), los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”. Asimismo, según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Artículo 19), “Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas“. Tanto el Convenio 169 como la DNUDPI disponen que la consulta es a los pueblos a través de sus instituciones representativas, no al ejido o a las autoridades ejidales.

Esta sesión de consulta surgió de una situación irregular: aún no había finalizado la etapa de “Acuerdos previos” cuando las autoridades responsables de la consulta acordaron con el comisario ejidal pasar a la etapa “Informativa”. En este sentido, el caso de esta sesión de consulta en Bolonchén tendría que ser entendida como una grave falta a la disposición arriba señalada de que son las instituciones representativas las que deben ser consultadas.

B) Violación a los estándares de consulta “informada” y “culturalmente adecuada”

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el estándar de consulta informada es un “requisito que supone la provisión de información plena y precisa de la naturaleza y consecuencias del proceso a los pueblos y las comunidades consultadas. Esta información debe ser suficiente, accesible y oportuna”.6

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU ha establecido que la información proporcionada en la consulta debe incluir: la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad propuesto; las razones o el objeto del proyecto y/o actividad; la duración del proyecto y/o actividad; los lugares de las zonas que se verán afectados; una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de precaución; el personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto propuesto; y procedimientos que puede entrañar el proyecto.7

En la sesión no se brindó información suficiente, accesible y oportuna sobre todos los elementos que deben ser incluidos en el proceso de consulta según el Foro Permanente. A pesar de que durante la sesión, claramente y en más de una ocasión, la gente de la comunidad expresó sus dudas e interés de contar con mayor información sobre los agroquímicos y su impacto en el medio ambiente y la salud. La información presentada por los especialistas se acotó a exposiciones sobre el tema de transgénicos, manejo adecuado de agroquímicos, bioseguridad en la perspectiva gubernamental, salud humana, afectación a las abejas, así como objetivos de la COFEPRIS (toda esta información se presentó en menos de cinco horas).

Para la presentación de la información en Bolonchén aplica lo observado por James Anaya, ex Relator especial de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, a propósito de la fase informativa en la consulta en Juchitán, Oaxaca: “la información fue presentada utilizando palabras muy técnicas, con láminas que eran difícil de ver a la distancia y sin un formato de preguntas y respuestas que fomentara la clarificación de las preocupaciones de los participantes”.8  Esto fue evidente en el empleo de términos técnicos y especializados como “gen”, “construcción genética”, “molécula de ADN”, “biotecnología”, “selección artificial”, “transgénesis”, etc., o la presentación de los resultados de estudios de agua, sin una explicación sobre los parámetros de inocuidad en las pruebas de agua que fueron utilizados a lo largo de las presentaciones. Asimismo, la información presentada en las exposiciones no fue proporcionada en papel u otro formato a la comunidad consultada; la información, no fue culturalmente adecuada para la comunidad, por lo que no fue accesible ni comprensible. De la misma forma, uno de los expositores se dirigió de manera grosera y burlona a un asistente con inquietudes, lo cual viola también el derecho de los pueblos indígenas a no ser discriminados.

Para que una consulta indígena responda a los estándares internacionales, debe ser culturalmente adecuada. Esto es, que toda la comunicación, información y acuerdos entre las partes deben ser claramente accesibles para el sujeto de la consulta. Para que la información y la comunicación sean adecuadas, hace falta que, previamente a la consulta, las instancias de gobierno encargadas de la misma se provean de un lenguaje que sea accesible a la parte consultada. Para ello se requiere del trabajo conjunto de traductores, intérpretes, personas que hablen la lengua indígena, especialistas en la materia de la consulta y especialistas en la cultura indígena de la que se trate. En este último caso, se requiere de etnólogos o antropólogos que tengan conocimiento del funcionamiento y significado de las prácticas, formas de ver el mundo, la vida y las relaciones entre personas, propias de dicha cultura.

Además, la función de la traducción en esta sesión reveló la asimetría en la comunicación de la información. El papel del traductor maya se vio limitado a ser un traductor de la comunidad hacia el representante de la CIBIOGEM. Resulta de gravedad, para el carácter informado y culturalmente adecuado de la consulta, la ausencia de traducción a la lengua maya de las presentaciones realizadas por los especialistas a lo largo de la sesión. La consulta debe ser siempre en la lengua de los consultados. El manejo, en este caso del idioma español, la competencia lingüística, es diferente incluso al interior de una familia y con seguridad al interior de una comunidad. Incluso el más bilingüe de los consultados tendrá problemas para entender determinados contenidos de carácter especializado, como se ha mencionado arriba.

A partir de todos estos sucesos, el 6 de noviembre de 2017, los abogados asesores de las comunidades solicitaron la comparecencia de CIBIOGEM ante el Senado por violaciones al derecho de consulta. La queja fue admitida el 27 de noviembre de ese mismo año y recibió el número 249/2017. Posteriormente, el 13 de noviembre, varios pobladores de comunidades mayas de Campeche y representantes de organizaciones no gubernamentales presentaron denuncias por siembra y comercialización de soya GM en el estado ante SENASICA: más de 23 mil hectáreas de soya GM se sembraron sólo en el municipio de Hopelchén en Campeche, lo que equivale al 85% de toda la soya cultivada en este municipio. A fines de noviembre, entrevistas realizadas con productores de soya y técnicos permitieron al Colectivo Apícola de Los Chenes redimensionar sus cálculos, ya que los productores de soya calculan que en la temporada 2017 se sembraron cerca de 40 mil hectáreas de soya en Hopelchén, de las que al menos 34 mil (el 85%) serían transgénicas.

Paralelamente, los representantes de CIBIOGEM y de CDI continuaron con las visitas a comunidades de Hopelchén para invitarlas a seguir con el proceso de consulta comunidad por comunidad. Esta Misión de Observación tiene conocimiento de visitas de dichas autoridades los días 24 y 26 de noviembre de 2017 a las comunidades de Rancho Sosa, Xmejía, Ukum y Chanchen.

III. OBSERVACIONES FINALES

A partir de los sucesos anteriormente documentamos, podemos observar un persistente incumplimiento por parte de las autoridades responsables de los acuerdos que se habían tomado previamente con las comunidades durante un año y medio de proceso de consulta, particularmente, la legitimidad de los representantes de las comunidades y el acuerdo de que todas juntas participen como una sola colectividad en el proceso. Las autoridades insisten en que los representantes sean acreditados a través de los criterios que las propias autoridades consideran pertinentes, no a partir de los criterios de las comunidades, lo que constituye una violación a su derecho a la libre determinación, reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros instrumentos internacionales.

La violación de esos acuerdos ha mantenido al proceso de consulta en un impasse.

La resolución del Juez Segundo de Distrito de Campeche de consultar únicamente a seis comunidades en un plazo máximo de cuarenta días representa no sólo un desconocimiento a los acuerdos tomados entre el Estado y las comunidades en el proceso de consulta, sino también a los derechos adquiridos por las comunidades en este proceso y, una vez más, una violación al derecho a la consulta previa de las comunidades y pueblos mayas.

Lo anterior reitera la incongruencia procesal que de manera correcta señaló el ministro Juan N. Silva Meza al emitir su voto concurrente en 2015, cuando se emitió la sentencia de la SCJN (499/15). Inicialmente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Campeche había concedido el amparo para que la consulta se llevara a cabo en los municipios de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada; la sentencia 499/15 de la SCJN redujo la consulta únicamente a las comunidades de los quejosos. Para el ministro Silva, la consulta debería realizarse a todos los miembros de las comunidades indígenas asentadas en el territorio ya que reconocía su derecho colectivo a la misma.

Sin embargo, la CDI y la CIBIOGEM iniciaron la consulta en más de 30 comunidades de Hopelchén y 7 de Tenabo, lo que consideramos un reconocimiento expreso de que estaban obligadas a consultarlas a todas y fue el primer paso para el cumplimiento de dicha obligación. Durante año y medio, la CDI y la CIBIOGEM trabajaron con esas comunidades reportando e informando al Juez Segundo de Distrito de Campeche sobre estas reuniones y sus avances como parte del proceso de consulta.

Es un derecho de las comunidades organizarse y participar como pueblo maya en la consulta. El reconocimiento de intereses comunes afectados, de su identidad como mayas, de un territorio común, constituye el ejercicio a la libre determinación de las comunidades que no puede objetarse ni desconocerse. Tienen todo el derecho a las formas de autogobierno que les convengan para responder a la consulta.

Las comunidades mayas tienen el derecho a ser consultadas de manera previa, libre e informada sobre cualquier medida administrativa o legislativa que pueda afectarles independientemente del mandato de la SCJN. La sentencia emitida por la SCJN fue un mecanismo para garantizar el cumplimiento del derecho a la consulta previa de las comunidades mayas que ya había sido violado. La Constitución Federal, el Convenio 169, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe aplicarse de manera directa sin necesidad de una resolución judicial o administrativa.

Resulta preocupante que las autoridades judiciales no estén tomando en cuenta que los derechos del pueblo maya abarcan un concepto más amplio, que se relaciona con el derecho colectivo, y que el control de su territorio es una condición para la reproducción de su cultura, su propio desarrollo y libre determinación.

Todos los señalamientos y recomendaciones anteriores están basados en la observación directa,  fotografías, registro en video, entrevistas con asistentes y en comunidades, lectura de las actas circunstanciadas de las sesiones de la consulta, de los comunicados de la CIBIOGEM al comité de enlace de las comunidades de Hopelchén  y de la resolución del Juez segundo de Distrito del estado de Campeche del 19 de septiembre por parte de la Misión de Observación.

Misión de Observación de la Consulta al Pueblo Maya

sobre la siembra de soya genéticamente modificada

Contacto: misiondeobservacionpy@gmail.com

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1 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM); y Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

2 Ver reporte de la Misión: < http://consultaindigenamaya.org/septimo-reporte/>.

3 Oficio M000/775/17 de CIBIOGEM. 31 de agosto de 2017.

4 “Revoca SENASICA permiso de soya genéticamente modificada”. 24 de noviembre de 2017. URL: <https://www.gob.mx/senasica/prensa/revoca-senasica-permiso-de-soya-geneticamente-modificada-136249?idiom=es>

5 Reporte de campo de la sesión de la Fase Informativa en Bolonchén. URL: <http://consultaindigenamaya.org/reporte-campo-la-sesion-la-fase-informativa-en-bolonchen/>.

6 CIDH. El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano. Segunda Edición. OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 9/12. 7 marzo 2011, párr. 72; Demanda ante la Corte IDH en el caso del Pueblo Indígena de Sarayaku y sus miembros contra Ecuador. 26 de abril de 2010, párr.137 – 144.

7 Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Cuarto período de sesiones Nueva York, 16 a 27 de mayo de 2005. “Informe del Seminario internacional sobre metodologías relativas al consentimiento libre, previo e informado y los pueblos indígenas” Nueva York, 17 a 19 de enero de 2005. E/C.19/2005/3, párr. 46 – 48.

8 Observaciones del profesor S. James Anaya sobre la consulta en el contexto del proyecto Energía Eólica del Sur en Juchitán de Zaragoza. 23 de febrero de 2015, párr. 14. URL: <http://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/Juchitan-observaciones-Anaya.pdf>.

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