Reporte de campo de la sesión de la Fase informativa en Bolonchén

5 de noviembre de 2017

Descripción de los hechos

El 5 de noviembre del 2017 se llevó a cabo la Fase informativa de la Consulta sobre soya transgénica en la comunidad de Bolonchén. Esta sesión tiene un carácter irregular ya que CIBIOGEM la hace al promover la división de las 34 comunidades que habían decidido ir juntas en el proceso de la Consulta.1 A continuación un recuento puntual de los hechos, seguido por un análisis de estos, a la luz de los Estándares Internacionales en Derechos Indígenas.

La sesión fue convocada a las 9 de la mañana por el comisario ejidal de Bolonchén, quien desde la casa ejidal, y con micrófono en mano, invitaba a la gente a pasar, para tener información y tomar decisiones. Hacía referencias al “derecho humano”, al “derecho de opinar” y convocaba a comuneras, comuneros, ejidatarias y ejidatarios a que participaran en la reunión.

Antes de que iniciara la sesión, integrantes de la Misión de Observación pudieron hablar con algunos ejidatarios que comentaban que solo 150 ejidatarios de un padrón de 400 ejidatarios estaban presentes en la reunión.

A las 10:30 inició la reunión con Marco Ramírez, representante legal de CIBIOGEM, quien dio la bienvenida junto al comisario ejidal. Ramírez presentó a los expositores quienes eran funcionarios de: CDI, CONAGUA, SENASICA, UADY, COFEPRIS, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura así como el intérprete. A la reunión no asistieron representantes de la CNDH ni de la Oficina del Alto Comisionado.

Marco Ramírez comenzó recordando que llevaban año y medio en la consulta, la cual fue ordenada por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También aclaró que el permiso no tenía efectos jurídicos y que, a pesar de que en Bolonchén se habían expresado en una reunión previa que no se quería la soya genéticamente modificada, se llevaría a cabo el proceso informativo, para que después la comunidad tomara una decisión al respecto. En su exposición aclaró también que no se trataba de una asamblea ejidal, sino de un evento público.

David Mendoza, de la CDI, expuso que esta sesión permitía ejercer el derecho a la consulta, reconocido en la Constitución mexicana y tratados internacionales. Aclaró que los asistentes podían pedir traducción y que no se tomaría una decisión en dicho momento, sino que solo se presentaría información, aunque al concluir señaló: “Si ustedes creen que así, en esta asamblea se puede tomar una decisión, nosotros lo respetamos”.

Uno de los asistentes levantó la mano y expresó que si ya se había dicho que no se quería soya, para qué se hacía esta reunión. También dijo que en la comunidad estaba conformada por unas 5 mil personas, y que debía haber una mayoría para poder decidir. Señaló que una reunión como ésta era improcedente, ya que no había una asistencia ni del 10% de la comunidad. Asimismo denunció que no se hubiese comunicado sobre la reunión previamente a lo cual, el comisario ejidal se defendió diciendo que sí se había informado, lo cual fue corroborado por Marco Ramírez.

Otro de los asistentes mencionó que pocas personas sabían de los proyectos de la siembra de soya en la región y que él quisiera que lo explicasen. Comentó que hacía cuatro meses se había hecho una consulta en Bolonchén en la cual se dijo que no se quería sembrar la semilla transgénica. Mencionó también que, muchos apicultores estaban sufriendo las consecuencias del cultivo de la soya, como la sequía, la deforestación y la afectación de los químicos. Pidió que la información no se diera para “arrancar a la fuerza un sí”. Finalmente, expresó que debía ser decisión de las 34 comunidades, no de las 6. Al terminar su intervención, el público le aplaudió.

Ramírez tomó la palabra y dijo que haría unas precisiones. La primera era que la SCJN sólo mandató la consulta en 6 comunidades, no en 34. Otra es que si no querían la consulta era válido. CIBIOGEM no viene por un “sí”, viene por la voluntad del pueblo de Bolonchén. El comisario ejidal tomó la palabra en maya.

Otro participante de la comunidad tomó la palabra. Expuso que en Bolonchén no quieren soya transgénica, y que se les estaban violando sus derechos indígenas, su derecho al territorio. Hizo referencia al acta circunstanciada de la cuarta asamblea, al acuerdo número 13, en el cual las 34 comunidades habían decidido ir como unidad. Una persona en el fondo del salón gritó “es política lo que están haciendo, no consulta”. Otra, gritó diciendo cuestionando “¿Cuánto te paga Syngenta?” Se genera un murmullo entre los asistentes. Ramírez preguntó si querían que les diesen la información o no, a lo que el comisario ejidal respondió afirmativamente. Uno de los asistentes dijo que lo escucharían aunque “es lo mismo de siempre”.

Otro de los asistentes, pidió que la contraparte explicase “lo de la transgénica”, y que el “abogado de los indígenas” [en referencia al asesor legal del Colectivo de los Chenes] explicase su parte. Es entonces que el abogado del Colectivo de los Chenes, Jorge Fernández, pasó al frente y tomó la palabra para comentar que el proceso de consulta había iniciado año y medio atrás. Comentó que si bien la Suprema Corte de Justicia indicaba que eran 6 comunidades las que se debían consultar, CIBIOGEM y CDI decidieron hacerlo con las 36, de las cuales 2 siguieron sus procesos de manera independiente. Señaló que hacer la consulta comunidad por comunidad era una estrategia para dividirlas, que juntos eran más fuertes. Además, agregó que la consulta no sólo era ordenada por la Suprema Corte, sino también por la CNDH, que recomendó consultar a todas las comunidades. Cuestionó la acordado entre el gobierno y las comunidades. Concluyó diciendo que no estaban en la fase informativa, sino en la de acuerdos previos. Los asistentes le aplaudieron.

Ramírez respondió diciendo que Fernández “no tiene la película completa”; que hubo una asamblea en donde hicieron un programa de trabajo, que se hizo con el comisario ejidal. Fernández subrayó que se hizo solo con los ejidatarios, pero la consulta debía ser a todo el pueblo, a lo cual el comisario ejidal respondió que él era el único que podía hacerlo. Luego se dirigió a los asistentes para decirles que no les habían dado oportunidad a las autoridades para que presentaran la información.

Entre los asistentes se escuchan varias discusiones. Algunos decían que no querían nada con la soya transgénica; otros que si el ejido había solicitado información, que fuese una reunión ejidal, no fase informativa de la consulta. Otros gritaban que este año había sido de sequía, que las abejas habían muerto.

Sin recibir respuesta afirmativa por parte de la comunidad, Ramírez inició con la presentación de información. Expuso sobre el permiso para liberar al medio ambiente lasoya transgénica en fase comercial; sobre la Ley de bioseguridad; explicó que las semillas transgénicas no eran semillas “libres, sino que están reguladas por la ley”.

A las 11:20, expuso el biólogo Mario Pérez, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura quien trabaja en la valoración de riesgos de organismos genéticamente modificados y es profesor en la UNAM. Para su exposición utilizó una presentación de power point que se proyectó en una de las paredes del salón. Expuso sobre la agricultura y la domesticación de plantas y animales, sobre la biotecnología moderna, y la forma en que se produce una planta transgénica -comparó la creación de una planta transgénica con la creación del perro por medio de la domesticación del lobo -la diapositiva incluía imágenes de un lobo y un perro. Expuso que un transgénico es un organismo al que se le inserta información genética de otro organismo, hecho que comparó con libros (pasarv información de un libro a otro). Después habló de los primeros OGM y de la distribución global de estos cultivos. A lo largo de su presentación, utilizó términos técnicos y especializados como “gen”, “construcción genética”, “molécula de ADN”, “biotecnología”, “selección artificial”, “transgénesis”, etc. La última diapositiva tenía el título de “¿Preguntas?”. Al terminar, nadie aplaudió. Una vez más, la presentación sólo fue en español.

A las 11:35, Rafael Aarón Romero, Subdirector de Dictámenes de OGM de SENASICA, expuso también con un power point titulado “Qué son los organismos genéticamente modificados (OGMs) y sus usos”. Al hablar de la soya GM explicó que a ésta se le inserta una bacteria muy común a la que no le afecta el glifosato. Habló sobre los permisos de liberación de los OGM en México, explicó que son cinco instituciones que participan en el análisis de las solicitudes. El origen de la tecnología de la soya GM es Estados Unidos, este cultivo ha sido aprobado para consumo humano en más de 9 países y existe autorización para su siembra en 8 países. No explicó por qué había sido prohibida su siembra y consumo en la Unión Europea y otros países. Comentó que “la usan muchas empresas, no sólo la que ya sabemos”. Explicó que no se trataba de una tecnología nueva. Después trató las diferencias en el manejo de la soya GM y la convencional, señalando que la única diferencia era la práctica agronómica de control de malezas. Sobre los posibles riesgos identificó los siguientes: malas prácticas de manejo por el uso del glifosato; posible generación de resiliencia en malezas; malas prácticas de control de la semilla de soya GM; flujo génico de soya GM a soya convencional.

A las 11:55, José Rivera, de la COFEPRIS de la Secretaría de Salud, expuso sobre la evaluación de inocuidad de la soya GM en términos de riesgo para la salud. Abordó el marco regulatorio de los OGM, la Ley de bioseguridad, que dispone que la evaluación se haga caso por caso. Explicó que la COFEPRIS evalúa cuatro aspectos: el nivel molecular (cómo fue hecho), los estudios de equivalencia sustancial, los estudios completos de toxicidad, y los estudios completos de alergeneidad. La evaluación pasa primera por esta institución y luego el permiso es dado por SAGARPA, y luego siguen “las consultas y todo eso”. Mencionó que desde 1995 han evaluado 164 OGM (80 de los cuales han sido maíz). No comentó nada sobre los riesgos del glifosato.

A las 12:25. Mario Pérez retomó la palabra y señaló los casos en donde no se pueden sembrar OGM: áreas naturales protegidas, humedales, centros de origen y diversidad genética, y agregó que únicamente se permite su siembra en suelo de uso agrícola, y que se realizan evaluaciones de riesgo ambiental con un enfoque caso por caso. Afirmó que la soya GM no tiene ningún efecto sobre las abejas, que no existen diferencias significativas entre soya GM y convencional. Enfatizó que la semilla no se propaga y que no hay efectos sobre la salud. Explicó que la planta de soya esta domesticada y depende del cuidado humano, por lo tanto no es competitiva y no se disipa en la selva. Concluyo afirmando que no había, peligro y lo que se buscaba era la protección de la diversidad de Campeche.

Ramírez intervino para retomar los temas pedidos por la comunidad. Entre ellos estaba el uso y manejo de agroquímicos. Le dio la palabra a la ingeniera Elizabeth Romero, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Campeche. Su exposición fue más interactiva con los asistentes, les preguntó sobre uso de fertilizantes y de herbicidas. Habló sobre los diferentes tipos de plaguicidas y las buenas prácticas para su uso. Un par de veces se disculpó por ir muy rápido, pero señaló que observaba que muchos de los asistentes se estaban saliendo. Culpó a la negligencia de la gente de la comunidad la contaminación de los plaguicidas. Falló el proyector y tuvo que improvisar su exposición. Poco después, concluyó.

A las 13:00 se fue la electricidad, por lo que ya no se podía usar la computadora ni el equipo de sonido. Fue justo en el turno de la exposición de CONAGUA sobre la contaminación de agua por glifosato. A falta de micrófono y bocina, casi no se escuchaba nada de la exposición. Comentaron que se hicieron muestras en 5 municipios, incluyendo Hopelchén. La exposición de los resultados era prácticamente inaudible. Los asistentes gritaban que “no se escucha nada”.”. La expositora de CONAGUA hacía referencias a resultados por medio de cifras como “0.0001” y “.00003” miligramos por litro. Los asistentes exigían que les dijeran si el agua potable estaba contaminada o no.

Un participante tomó la palabra y dijo que el glifosato es considerado como cancerígeno y refirió a las afectaciones en Argentina y Perú por el uso de dicho herbicida. También mencionó que traería otros estudios sobre el agua.

A la 1:30 pm, expuso Luis Medina, de la UADY, sobre el comportamiento de abejas en relación con la soya. Su presentación comenzó sin sonido, finalmente la luz regresó a las 1:30. Ex. Esto cambió en 2014. Después señaló que la soya GM no es muy atractiva paravlas abejas y mencionó un análisis realizado por Intertek, con resultados negativos sobre la presencia de polen transgénico en la miel.

El mismo participante cuestionó en varios momentos a Medina señalando que “nosotros somos originarios”, “somos mayas”, “no nos preguntan, no nos avisan”. Refirió al Convenio 169 de la OIT y que México tenía la obligación de consultarlos, y no lo hizo. Mientras hacía referencia nuevamente a la gente enferma en Argentina, Medina se reía burlonamente. El participante terminó su intervención diciendo que “debemos defender a nuestros hijos” y “Dios creó un mundo sano”.

Al concluir la exposición de Medina, Ramírez señaló que habían concluido con los temas, y que a la comunidad le competía dar su consentimiento o no. El comisario ejidal mencionó que “vinieron los doctores”, “ellos saben la verdad, nosotros no”, “hay que confiar que no tenemos veneno, no hay peste”, “aquí no hay peste, no hay muertes”.

Ramírez retomó la palabra y explicó que después del 7 de enero regresarían a Bolonchén para conocer la decisión que la comunidad hubiese tomado libremente.

Un asistente preguntó qué beneficios habría para ellos con la soya transgénica pues los beneficios eran para los menonitas. El comisario respondió “es toda la información y muchas gracias compañeros”. La representante de CONAGUA pidió el micrófono y aclaró, por si no la escucharon, que lo que quiso decir es que no hay daños a la salud.

A las 2:10 pm, Ramírez intentó cerrar nuevamente la sesión, pero en ese momento otra persona de la comunidad tomó la palabra y preguntó, “¿quién ordenó a CIBIOGEM la consulta’”. Ramírez contesta brevemente e invitó a comer un taco.

Al terminar la sesión, los integrantes de la Misión nos acercamos a la trabajadora de CONAGUA para preguntar por los datos que expuso, ya que no se escuchaban. Después de insistirle para que diese una interpretación de los datos, nos respondió que los niveles de contaminación no eran significativos. Se negó a mostrarnos el material al que aparentemente había dado lectura durante su presentación, alegando que se trataba de documentos solicitados por CIBIOGEM y, por tanto, sólo ellos podrían tener acceso a los mismos. Se refirió a CIBIOGEM como “sus clientes”. Asimismo enfatizó que eran datos primarios que no habían sido interpretados oficialmente, por lo tanto, si la Misión estaba interesada en ellos, tendría que solicitarlos por transparencia.

A las 15:11 horas, Ramírez leyó el acta, la cual fue firmada por las autoridades, los expositores y por dos personas de Bolonchén: el comisario ejidal y el secretario ejidal.

Observaciones sobre el incumplimiento de los estándares internacionales del derecho

a la consulta y consentimiento previo, libre e informado

1. Instituciones representativas

De acuerdo con el Convenio 169 (Artículo 6.1), los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas”. Asimismo, según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Artículo 19), “Los estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas“. Tanto el Convenio 169 como la DNUDPI disponen que la consulta es a los pueblos a través de sus instituciones representativas, no al ejido o a las autoridades ejidales.

Esta sesión de consulta surgió de una situación irregular: aún no había finalizado la etapa de “Acuerdos previos” cuando las autoridades responsables de la consulta acordaron con el comisario ejidal pasar a la etapa “Informativa”. En este sentido, el caso de esta sesión de consulta en Bolonchén tendría que ser entendida como una violación a las instituciones representativas que deben ser consultadas, como resultado de la irregularidad de la división por parte de las autoridades competentes de las comunidades a partir de la sesión de la séptima sesión de la fase de “Acuerdos previos”, realizada en Hopelchén el 27 de mayo de 2017 y en Tenabo el 28 de mayo del mismo año.2

2. Violación a los estándares de consulta “informada” y “culturalmente adecuada”

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el estándar de consulta informa es un “requisito que supone la provisión de información plena y precisa de la naturaleza y consecuencias del proceso a los pueblos y las comunidades consultadas. Esta información debe ser suficiente, accesible y oportuna” (párr. 198).

El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU ha establecido que la información proporcionada en la consulta debe incluir: la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad propuesto; las razones o el objeto del proyecto y/o actividad; la duración del proyecto y/o actividad; los lugares de las zonas que se verán afectados; una evaluación preliminar del probable impacto económico, social, cultural y ambiental, incluidos los posibles riesgos y una distribución de beneficios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de precaución; el personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto propuesto; y procedimientos que puede entrañar el proyecto.

En la sesión no se brindó información suficiente, accesible y oportuna sobre todos los elementos que deben ser incluidos en el proceso de consulta según el Foro Permanente. A pesar de que durante la sesión, claramente y en más de una ocasión, la gente de la comunidad expresó sus dudas y deseo de contar con mayor información sobre el proyecto. Salvo por la información sobre el manejo de agroquímicos, la información presentada por los especialistas se acotó a exposiciones sobre el tema de transgénicos, bioseguridad en la perspectiva gubernamental, salud humana, afectación a las abejas, así como objetivos de la COFEPRIS.

Para la presentación de la información en Bolonchén aplica lo observado por James Anaya, ex Relator especial de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas a propósito de la fase informativa en la consulta en Juchitán, Oaxaca: “la información fue presentada utilizando palabras muy técnicas, con láminas que eran difícil de ver a la distancia y sin un formato de preguntas y respuestas que fomentara la clarificación de las preocupaciones de los participantes” (párr. 14). Esto fue evidente en empleo de términos técnicos y especializados como “gen”, “construcción genética”, “molécula de ADN”, “biotecnología”, “selección artificial”, “transgénesis”, etc., o la presentación de los resultados de estudios de agua, sin una explicación sobre los parámetros de inocuidad en las pruebas de agua que fueron utilizados a lo largo de las presentaciones. Asimismo, la información presentada en las exposiciones no fue proporcionada en papel u otro formato a la comunidad consultada; la información, presentada de manera muy técnica, no fue culturalmente adecuada para la comunidad, por lo que no fue accesible ni comprensible. Asimismo, en ocasiones uno de los expositores se dirigió de manera grosera y burlona a un asistente con inquietudes, lo cual viola también el derecho de los pueblos indígenas a no ser discriminados.

Para que una consulta indígena responda a los estándares internacionales, debe ser culturalmente adecuada. Esto es, que toda la comunicación, información y acuerdos entre las partes deben ser claramente accesibles para el sujeto de la consulta. La consulta, incluso cuando no se trata de una que tiene lugar entre instituciones del estado nacional y una comunidad indígena, siempre tiene el carácter de un intercambio intercultural. Esto es así porque, frecuentemente, la información que ha de ponerse a disposición de la parteconsultada, tiene carácter especializado, difícilmente comprensible en primera instancia por ésta.3

Para que la información y la comunicación sean adecuadas, hace falta que, previamente a la consulta, las instancias de gobierno encargadas de la misma se provean de un lenguaje que sea accesible a la parte consultada. Para ello se requiere del trabajo conjunto de traductores, intérpretes, personas que hablen la lengua indígena, especialistas en la materia de la consulta y especialistas en la cultura indígena de la que se trate. En este último caso, se requiere de etnólogos o antropólogos que tengan conocimiento del funcionamiento y significado de las prácticas, formas de ver el mundo, la vida y las relaciones entre personas, propias de la dicha cultura.

Además, la función de la traducción en esta sesión reveló la asimetría en la comunicación de la información. El papel del traductor maya se vio limitado a ser un traductor de la comunidad hacia el representante de la CIBIOGEM. Resulta de gravedad, para el carácter informado y culturalmente adecuado de la consulta, la ausencia de traducción a la lengua maya de las presentaciones realizadas por los especialistas a lo largo de la sesión. La consulta debe ser siempre en la lengua de los consultados. El manejo, en este caso del idioma español, la competencia lingüística, es diferente incluso al interior de una familia y con seguridad al interior de una comunidad. Incluso el más bilingüe de los consultados tendrá problemas para entender determinados contenidos de carácter especializado, como se ha mencionado arriba.    

 

 


1 Véase sexto y séptimo reporte Séptimo reporte de la Misión de Observación: http://consultaindigenamaya.org

2 Véase Séptimo reporte de la Misión de Observación: http://consultaindigenamaya.org/septimo-reporte/

3 Piénsese, por ejemplo, en el lenguaje y la “cultura jurídica” del estado, tan especializada, que difícilmente resulta accesible a todo ciudadano de escolaridad media. Un ejemplo: durante la consulta al pueblo maya, en una de las sesiones a cargo del SENASICA, el expositor, hablaba una y otra vez de que su inspección al campo para determinar si había soya transgénica o no, se trataba de un “acto administrativo”. Cuando los integrantes del Colectivo Apícola de los Chenes pedían participar en las actividades de inspección, el funcionario de SENASICA respondía que no era posible, porque la inspección incluía o podía incluir un “acto administrativo”. Nunca explicó que quería decir o que significaba en términos legales “acto administrativo”.

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